Los Desafíos de la Tutela Judicial Efectiva ante la Crisis Energética en Venezuela

Introducción

La crisis energética en Venezuela ha generado graves repercusiones en distintos ámbitos de la vida nacional, incluyendo el funcionamiento del sistema judicial. La tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, exige que los ciudadanos tengan acceso a una justicia imparcial, expedita y sin dilaciones indebidas. No obstante, la inestabilidad en el suministro eléctrico y las deficiencias en los servicios tecnológicos han afectado severamente la operatividad de los tribunales, ocasionando la suspensión de audiencias, la interrupción de plazos procesales y la imposibilidad de garantizar el debido proceso. Este escenario plantea un desafío significativo para el cumplimiento de las garantías constitucionales y demanda respuestas institucionales que permitan mitigar su impacto en la administración de justicia.

Crítica Constructiva sobre la Suspensión del Despacho Judicial por Racionamiento Eléctrico

La medida adoptada mediante la Resolución N° 2025-0003 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que suspende el despacho en el Tribunal Superior Accidental debido a la crisis energética nacional, plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, principios fundamentales en un Estado de Derecho.

Puntos Críticos:

1. Vulneración de la Tutela Judicial Efectiva:

La suspensión del despacho judicial limita el acceso de los ciudadanos a la justicia y retrasa procesos esenciales, afectando el derecho a obtener una respuesta oportuna a sus causas.

2. Falta de Medidas Alternativas:

La resolución no contempla mecanismos telemáticos o soluciones digitales que permitan la continuidad de los procesos, lo que deja a los abogados y ciudadanos sin alternativas efectivas para la gestión de sus casos.

3. Impacto en la Seguridad Jurídica:

La paralización del tribunal genera incertidumbre sobre plazos procesales, medidas cautelares y ejecución de sentencias, lo que puede derivar en perjuicios irreparables para las partes involucradas.

4. Afectación al Ejercicio de la Profesión:

La restricción del horario para la recepción de escritos y diligencias (de 8:00 a. m. a 12:30 p. m.) representa un obstáculo para los abogados que requieren mayor disponibilidad para cumplir con sus obligaciones procesales.

¿Qué podemos hacer los abogados?

Los abogados, como garantes del derecho y defensores de la justicia, no podemos simplemente aceptar pasivamente estas medidas que afectan el debido proceso y los derechos de nuestros representados. Es necesario que tomemos un rol activo y exijamos soluciones concretas:

Organizarnos como gremio: Es fundamental que los Colegios de Abogados, asociaciones y juristas independientes alcemos nuestra voz ante el TSJ y demás órganos competentes, exigiendo medidas que permitan garantizar el acceso a la justicia.

Promover la digitalización judicial: Debemos insistir en la implementación de plataformas electrónicas para la recepción de documentos y la realización de audiencias virtuales, como solución a la paralización de los tribunales.

Ejercer acciones legales: Si se configura una vulneración de derechos constitucionales, es viable interponer recursos de amparo, solicitudes de revisión o cualquier otra acción legal que pueda revertir esta medida arbitraria.

Denunciar ante instancias nacionales e internacionales: La comunidad jurídica debe documentar y denunciar estas restricciones ante organismos como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y cortes internacionales cuando sea necesario.

Sensibilizar a la sociedad: No podemos permitir que la ciudadanía normalice este tipo de atropellos. Es nuestro deber informar sobre las consecuencias de estas decisiones y movilizar esfuerzos para defender el derecho de acceso a la justicia.

En conclusión, si bien la crisis energética es una realidad que debe ser atendida, la suspensión total del despacho sin medidas alternativas representa un retroceso en la administración de justicia. Es imperativo que el Estado y el Poder Judicial adopten soluciones que permitan garantizar la tutela judicial efectiva sin menoscabar el derecho de los ciudadanos al debido proceso. Como abogados, no podemos quedarnos de brazos cruzados; debemos actuar con firmeza en defensa de los derechos de nuestros representados y del sistema de justicia en general.